En España existen 19 calendarios de vacunación distintos, a diferentes edades y frente a enfermedades dispares Algunas regiones proponen que sea el Ministerio quien decida

María ha nacido esta Navidad en Asturias, y antes de salir del hospital la vacunarán contra la Hepatitis B. Pero si hubiese nacido en el País Vasco, la vacuna habría sido contra la Tuberculosis. Y en comunidades como Murcia o Navarra el primer pinchazo no llegaría hasta los dos meses. En Madrid la inmunizarían a los ocho años, y entre otras muchas cosas, contra el neumococo, una vacuna que sólo financia esta región. Lo mismo sucede con los menores que viven en Cataluña, Ceuta o Melilla, los únicos inmunizados contra la hepatitis A. O con la vacuna contra el papiloma. No todos los niños son iguales en la sanidad de las autonomías.

En España existen en la actualidad diecinueve calendarios de vacunas distintos, uno por cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, en un mapa de la inmunización que refleja -tanto en las edades como en las enfermedades seleccionadas- un panorama de diferencias que crea confusión. Los 19 cumplen con las pautas aconsejadas por el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a los consejeros del área de cada comunidad y al Ministerio. Pero estas normas -además de ser sólo recomendaciones- son muy amplias. Entonces, ¿de qué depende que un niño en Asturias reciba vacunas diferentes a otros en el País Vasco o Madrid y a distintas edades?

En principio, y según explica la directora general de Salud Pública del Principado, Amelia González, «cada comunidad tiene un comité asesor de vacunas que, recogiendo la evidencia de estudios científicos y de la bibliografía que merezca credibilidad a los miembros del comité, establece la indicación». Después las comunidades, a través de las direcciones generales de Salud Pública, llevan a la Comisión Nacional de Salud Pública sus diferentes estrategias de vacunación.

«En buena lógica, la Comisión Nacional de Salud Pública tendría que ser el organismo que acordase la política común para todo el Estado sobre la estrategia a llevar en vacunas», señala González. «Y de ahí, elevar las propuestas al Consejo para que tome la decisión correspondiente de abrir o cerrar posibilidades a vacunas».

Este es el camino en teoría. Pero Madrid fue la primera comunidad en alterar el calendario común con la vacuna Nc7 contra el neumococo, una bacteria que vive en las vías respiratorias. La Comisión de Salud Pública la aconseja sólo a grupos de riesgo, y esta inmunización ha despertado una dura batalla entre la Consejería madrileña y el Ministerio de Salud. Además, la comunidad ha avanzado que, en el futuro, incluirá nuevas vacunas al margen de las acordadas en el Consejo Interterritorial, como la de la meningitis tipo B.

Para González, la solución es sencilla. «Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es quitarla, porque no aporta ninguna solución. La gente tiene que entender que lo que está haciendo Madrid es vacunar de más, y no es bueno», sentencia. «En todas las comunidades, a aquellos niños que, por la razón que se estipula en el protocolo, tengan necesidad de que se les proteja específicamente con esa vacuna, se les pone», añade.

No respetar el consenso entre comunidades parece ser el problema fundamental, más allá de que a los niños madrileños se les vacune con la Nc7 o no. «En su momento fue generar un conflicto que tenía un componente claramente político, y ahora es muy complicada la marcha atrás», sostiene González. «¿Cómo le dices a tu población que no había ninguna razón objetiva para sostener esta vacuna y que respondía a otros intereses? Eso es difícil de explicar».

El caso del País Vasco con la vacuna contra la tuberculosis es distinto. «La estrategia de luchar contra la tuberculosis a través de la BCG está cuestionada», explica. Además de sus efectos secundarios, la inmunización es ya, según González, mucho menos eficaz contra la enfermedad que la detección precoz de los casos de tuberculosis, sobre todo en las fases más contagiosas.

Pero las diferencias no se limitan a la elección de las vacunas, sino a la edad en la que se administran. La inmunización contra la hepatitis B en Asturias comienza ya en el recién nacido, y continúa al mes y a los seis meses. Pero en otras comunidades, el mismo preparado se dispensa a los dos meses. O a los cuatro. En el Principado, la triple «sarampión, rubeola y paperas» se aplica a los quince meses y a los tres años. En el País Vasco, a los 12 meses y a los cuatro años.

«Desde el punto de vista de la eficacia de la vacuna es indiferente», garantiza la responsable de Salud Pública. Curiosamente, el que se ponga en un momento o en otro tiene más que ver con temas organizativos, la logística y con la organización. «Para Asturias, lo más conveniente es poner la vacuna de la hepatitis B cuando a los recién nacido, porque les pillas en el hospital. Es más práctico, una cuestión de logística», afirma González. «Pero hay otras comunidades donde el paso del hospital a la primaria es distinto, y prefieren iniciar allí la vacunación», apunta.

Otro caso curioso es el de la varicela. Sólo los niños navarros y los madrileños reciben la vacuna contra esta infección a los 15 meses. El resto, asturianos incluidos, se vacunarán -si han tenido la suerte de librarse del picor y los granitos- a los 11 años como media. A los 10 en el Principado. «La cantidad de recursos que supone vacunar a toda la población no es asequible, ni desde el punto de vista económico ni de organización, en este momento. En el comité técnico se decidió vacunar cuando los cuadros pueden ser más graves, a partir de la adolescencia, en los casos en que no se haya tenido la infección natural. Nosotros estamos siguiendo ese procedimiento», asevera la directora.

Para que María y los niños de otras comunidades reciban las mismas vacunas, algunas consejerías de Salud -Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura- están dispuestas a ceder sus competencias en este ámbito al Ministerio de Salud en favor de una pauta común. «Cada comunidad tiene libertad para decidir porque es una competencia transferida», recuerda Amelia González. «Por contemplar la posibilidad no pasa nada, y si no es posible llegar a acuerdos, sería mejor esta otra idea. Pero lo veo muy poco factible», reconoce.

Oviedo, Pablo GALLEGO   lne.es 26/12/08